Argentina La garantía fundamental del habeas corpus como un remedio a las situaciones que ilegítimamente agravan las condiciones de detención de las personas. El acceso a la información promueve la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y permite contar con un debate público, sólido e informado. Bolivia La obligación de las autoridades judiciales y/o administrativas a exponer las razones suficientes de la decisión adoptada en la resolución. La falta de interés en la conclusión del proceso penal bajo el término previsto por el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal. Chile El Fondo Nacional de Salud (FONASA) incurre en actos ilegales y arbitrarios, al no entregar los medicamentos necesarios para el tratamiento de quimioterapia. La resolución impugnada sobre ex matriculación universitaria se encuentra motivada, razonada y ajustada a derecho y no incurre en arbitrariedad o ilegalidad. Colombia Vulneración al derecho fundamental de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando la entidad prestadora del servicio público de salud se niega a realizar los procedimientos necesarios al paciente. Las entidades prestadoras del servicio de agua no pueden suspender el flujo del agua potable ante la falta de pago, cuando se trate de un sujeto especial de protección. Costa Rica Los órganos y entes públicos de Salud que prestan servicios tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de los usuarios. La comisión de un eventual hecho ilícito por la sustracción de alimentos. Ecuador No existe vulneración al derecho a la defensa, si se ha realizado la notificación mediante boletas en la casilla judicial indicado por el legitimado activo y no en la dirección de su correo electrónico. La motivación de las sentencias es el resultado de la aplicación de la lógica y argumentación jurídica. España La aplicación de una medida cautelar de prisión provisional prorrogada, a quien provisionalmente le ha sido impuesta una medida de seguridad de internamiento. La existencia de un exceso de jurisdicción derivado de la inaplicación de la Ley autonómica sin haber planteado la cuestión de inconstitucionalidad de la norma.
