Argentina Para determinar la competencia de un Tribunal debe tomarse en consideración, de modo principal, la exposición de los hechos contenida en la demanda y después, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre los contendientes. Se establece que si frente a los términos del fallo de la instancia anterior el a quo carecía de facultades para expedirse sobre una cuestión que no le fue propuesta, corresponde la descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido. Bolivia El Juez cautelar es el encargado de velar por el resguardo y respeto de las garantías así como de los derechos de las partes en la tramitación del proceso penal desde los actos iniciales; por ello, se tiene que el proceso investigativo en cuestión, se encuentra bajo tuición del Juez antes citado, razón por la cual el accionante debió acudir previamente ante el mismo, y una vez agotada la vía ordinaria, en el caso que las lesiones no sean reparadas en dicha instancia, recién acudir a la vía constitucional. Se advierte que el accionante cuestiona el efecto en el que se le hubiera concedido el recurso de apelación planteado, pretendiendo que este tribunal se pronuncie y resuelva dicho cuestionamiento del carácter de la apelación, invocando para ello la celeridad e inmediatez de pronunciamiento vinculado a su estado de salud, pero no considera que esas circunstancias deben ser conocidas y resueltas precisamente por quien ejerce la competencia en el trámite del recurso de apelación planteado, es decir el tribunal de alzada. Chile Las normas del proyecto que se declararán como propias de la Ley Orgánica Constitucional fueron aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental, y que no se suscitó cuestión de constitucionalidad a su respecto durante la tramitación del proyecto. El requerir información sobre documentación pública, no solo consiste en un interés difuso o general, sino que radica en el ejercicio eficaz de un derecho constitucional, cual es el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, conforme a lo establecido en el inciso quinto del artículo 1 de la Carta Fundamental. Colombia Si bien para los trabajadores del sector privado no existe norma legal que determine la estabilidad laboral cuando son madres o padres cabezas de familia, discapacitados o pre-pensionados, son los valores y principios constitucionales los que deben aplicarse en eventos donde se observe la vulneración de derechos fundamentales como la seguridad social, el trabajo y la igualdad. El derecho a la pensión es imprescriptible y al tratarse de una prestación de tracto sucesivo, el paso del tiempo no impide que la persona que considere ser acreedora de este, lo reclame, razón por la cual la Corte Constitucional ha permitido inaplicar el requisito de inmediatez bajo el argumento de que la vulneración persiste en el tiempo. Costa Rica El paciente ha sufrido mucho tiempo como consecuencia de su padecimiento y que esta espera posterga en el tiempo su sufrimiento, situación que a todas luces afecta su calidad de vida, pues la atención que requiere fue catalogada como prioritaria, existen suficientes elementos de prueba que justifican la estimatoria del presente recurso de amparo. Se acredita que en forma ilegítima se le impidió al tutelado abandonar el territorio nacional pues, la restricción que motivó la restricción de su libertad, carecía de justificación, en vista de lo anterior, se acredita la acusada violación a la libertad de tránsito del tutelado; sin embargo, la declaratoria se realiza únicamente para efectos indemnizatorios. Ecuador La inobservancia de los precedentes jurisprudenciales y específicamente del principio stare decisis, por parte de los órganos de justicia, genera la transgresión del derecho a la seguridad jurídica por ello, aquellas controversias que guarden identidad objetiva entre sí deben necesariamente recibir un tratamiento jurídico idéntico por parte de la administración de justicia, lo que implica realizar una aplicación uniforme de la normativa pertinente para la resolución de casos análogos. Se colige que los jueces de trabajo son competentes para conocer las controversias, por cuanto la actora es una servidora pública de carrera (con nombramiento), correspondiendo al inspector de trabajo conocer y resolver el visto bueno planteado por la empresa pública en su contra, pues las disposiciones del Código de Trabajo eran las aplicables a la actora, en consecuencia no existe vulneración al debido proceso. España Es necesario que el órgano judicial agote los medios que tenga a su alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real, de modo que, una vez que surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en la escritura del préstamo hipotecario y el que figura en el Registro sea el domicilio real del ejecutado, le es exigible que intente, en cumplimiento del deber de diligencia, la realización de los actos de comunicación procesal. Promoviendo el amparo constitucional, el Ministerio Fiscal defiende, ciertamente, derechos fundamentales, pero lo hace, y en esto reside la peculiar naturaleza de su acción, no porque ostente su titularidad, sino como portador del interés público en la integridad y efectividad de tales derechos.