Argentina Una reclamación fundada en la tutela del derecho a la salud, en esta clase de asuntos es enteramente aplicable la exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de que los fallos cuenten con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles, al encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las partes. El Tribunal establece que, así como es exigible la existencia de elementos objetivos para evaluar la razonabilidad de la sospecha necesaria para el dictado de una medida que pueda afectar garantías fundamentales, ese mismo parámetro debe aplicarse cuando los jueces resuelven invalidar diligencias que, por haber sido dispuestas con acreditación de esos requisitos, no merecen reparos constitucionales. Bolivia Se establece que, al existir dos posiciones en cuanto a la fecha de ocupación de los predios de los accionantes, se tiene que en aplicación del principio de verdad material se debe anteponer la verdad de los hechos ante cualquier situación, más aún cuando en el presente caso, los demandados admitieron haber ingresado a dichos inmuebles desconociendo sus deberes de respetar los derechos de los accionantes. Se ha vulnerado la garantía al debido proceso puesto que, en el proceso de interdicto de adquirir la posesión, la autoridad demandada, en conocimiento de la apelación, pronunció el Auto de Vista, incurriendo en incompetencia, por lo que la Jueza debió haber considerado y resuelto los puntos de la apelación planteada. Chile La suspensión de la licencia de conducir es un efecto o consecuencia de la pluralidad de infracciones que demuestran el incumplimiento del mínimo esencial que todo conductor debe observar, el respeto por los derechos de terceros puestos en peligros potenciales por conductores que vulneran las reglas de tránsito. Se señala que la ficha clínica la confecciona y conserva hasta por quince años el prestador, es decir, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cuya actividad es el otorgamiento de atenciones de salud, dicha conservación se debe realizar en condiciones de “confidencialidad de los datos“. Colombia Se precisa que los conflictos relacionados con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria laboral o por el contencioso administrativo, por lo cual la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo, salvo que dichos mecanismos sean ineficaces, inexistentes o se configure un perjuicio irremediable. Las autoridades públicas que requieran realizar el desalojo de bienes inmuebles ocupados irregularmente por personas en condición de desplazamiento, deben adoptar medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados, más aún cuando se pueda afectar el derecho fundamental a la vivienda digna. Costa Rica Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios, puesto que se ha demostrado que la autoridad recurrida incurrió en una dilación excesiva en la tramitación del expediente, en consecuencia, se ha lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida. Se ha lesionado el derecho a la salud del menor amparado, por cuanto, resulta irrazonable e injustificado que se le haya otorgado cita médica en un plazo de dieciséis meses para la realización de una radiografía, más aun tomando en cuenta que se trata de un paciente menor de edad que experimenta dolores muy fuertes y constantes, puesto que la atención médica se debe prestar de manera oportuna y diligente. Ecuador No procede el inicio de la vía contenciosa administrativa, cuando no existe un monto de dinero a determinar, pues el monto de la remuneración del afectado, es un valor conocido que ya está determinado con anterioridad y absoluta precisión en la operación económica de la persona o entidad, pública o privada, que debe cumplir lo resuelto en la sentencia, por lo tanto, es la propia institución demandada la que al tener conocimiento de la remuneración que percibía el accionante cuando fue cesado en sus labores, debía realizar la liquidación respectiva y cancelar el total del valor que le corresponde. La motivación no se agota en la referencia a disposiciones jurídicas y antecedentes del caso, al contrario la motivación debe ser formulada a través de la correlación de las premisas relevantes para resolver un caso, dentro de la cual se observe el análisis intelectual efectuado por la autoridad judicial, lo cual deberá guardar relación con la conclusión final a la que la autoridad judicial arribe, evitando toda forma de arbitrariedad y discrecionalidad ilegítima en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. España La simple presentación de una denuncia o querella, sin que medie ningún acto de interposición judicial, interrumpe el plazo de prescripción, se ha acreditado que las resoluciones judiciales impugnadas han concluido que el delito de defraudación tributaria al IVA del ejercicio 2007 no había prescrito, puesto que la presentación de la querella del Ministerio Público produjo la interrupción de la prescripción. El derecho a la libertad personal del recurrente ha sido vulnerado por las resoluciones judiciales objeto de impugnación, si bien la sentencia que dio lugar a la ejecutoria es de fecha posterior a la entrada en vigor del actual artículo 58 del Código Penal, ello no quiere decir que se debe abonar el tiempo que el demandante compaginó la situación de preso preventivo, puesto que solo procede tal abono desde la fecha del inicio del cumplimiento de la pena que dio lugar a la ejecutoria.
