Argentina Corresponde a la justicia Provincial y no a la Federal- tramitar la acción de amparo tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la carta orgánica de una agrupación política provincial toda vez que la elección de candidatos a cargos electivos locales se rige por las normas y autoridades provinciales. No resulta debidamente fundada la concesión del recurso extraordinario cuando el a quo no analizó correctamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con los fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional, como lo es el de la arbitrariedad. Bolivia Se señala que, si bien contra las resoluciones administrativas municipales el administrado puede acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo, sin embargo, opera la excepción al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional al existir vacío normativo respecto a la regulación del proceso contencioso administrativo. El control de legalidad efectuado por los Jueces y Tribunales Judiciales otorga a los mismos la competencia de determinar y dimensionar los alcances de sus fallos facultad inherente a todo órgano judicial. Chile Se advierte que la sentencia cuya autorización se pide no contraviene las Leyes de la República ni tampoco se opone a la jurisdicción nacional, en la medida que significa la disolución del vínculo matrimonial por una causa homologable a alguna de las previstas por el ordenamiento jurídico nacional, según la normativa actualmente vigente. Acción constitucional de protección no tiene por objeto revisar constitucionalidad de leyes o mérito del actuar del legislador, sin embargo, se aprecia que existe falta de responsabilidad en el corte de energía eléctrica, lo cual no contradice el deber de indemnizar a usuarios del servicio por corte de luz, por tratarse de empresas concesionarias de distribución eléctrica. Colombia Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tienen la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles - sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo Juez. A pesar de la existencia de otras vías judiciales por las cuales se pueden reclamar las acreencias laborales, entre ellas las incapacidades, cuando estas no se pagan oportunamente se afectan derechos del orden constitucional, por lo que se hace necesaria la intervención del Juez de tutela a fin de neutralizar el perjuicio irremediable que puede ser afectado el individuo y su núcleo familiar. Costa Rica Los traslados de puesto de los funcionarios públicos deben efectuarse de manera que no causen perjuicio grave al funcionario, por lo que el traslado de la servidora recurrente obedece a una mayor comodidad del personal y a las necesidades propias de un mejor funcionamiento institucional. El accionante indica que la institución recurrida le ha negado el medicamento, mediante el cual tendría una sobrevida de 10 años y altas posibilidades de curarse, según le informó su médico tratante. En tal sentido, el Tribunal verificó la lesión al derecho a la salud del amparado considerando que el medicamento es el más beneficioso para el evaluado dada su patología y estado clínico actual. Ecuador El derecho a la identidad involucra una reciprocidad entre el individuo y el Estado, toda vez que el Estado debe garantizar el derecho a la identidad de los individuos y los individuos, por su parte, deben no solo demandar el ejercicio del mismo, sino cumplir con las obligaciones respectivas para que esto se logre. El derecho al debido proceso es el eje articulador de la validez procesal ya que la vulneración de sus garantías constituye un atentado grave a los derechos de las personas dentro de una causa, considerando que precisamente las garantías del debido proceso son las encargadas de asegurar que una causa se desarrolle bajo el total respeto de derechos y demás garantías constitucionales. España Toda persona física que sea titular del derecho a la tutela judicial efectiva habrá de gozar del derecho a la gratuidad de la justicia si carece de los recursos suficientes para litigar, la privación de este derecho implica una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues si no se les reconociese el derecho a la gratuidad de la justicia su derecho a la tutela judicial efectiva resultaría meramente teórico y carecería de efectividad. La resolución impugnada ha conculcado el derecho fundamental de la actora, puesto que esta lesión implica, la expulsión del recinto parlamentario, así como la suspensión temporal de la condición de Diputada sin cobertura legal, lo cual ha privado a la recurrente de su derecho a permanecer, sin intromisiones ni limitaciones ilegítimas y en condiciones de igualdad, en el cargo público para el que fue elegida.