Jurisprudencia – Agosto 2016

Argentina

• El tributo tiene como sustento una manifestación de riqueza o de capacidad contributiva del sujeto obligado, evitando la aplicación de presunciones legales en ausencia de los recaudos imprescindibles que lo justifiquen.

• Se insiste en hacer valer un plazo de prescripción de 10 años sin asumir el pronunciamiento del A quo, el cual resolvió que aun en ese supuesto, la prescripción no había operado en atención a los “actos interruptivos“ que se aplicó sobre la base del artículo 83, primer párrafo del Código Penal Peruano.

Bolivia

• Se vulneró el derecho a la ciencia y la tecnología a causa de desconocimiento del orden constitucional vigente, debiendo reglamentarse un procedimiento que permita la utilización de avances tecnológicos sin contraponerse al interés de la sociedad en su conjunto; pero, sin privar del ejercicio de ese derecho siempre y cuando esté dentro del alcance del mismo.

• Al conceder la acción de libertad se analizó previamente si la lesión a los derechos denunciados como vulnerados era manifiesta, asimismo se observó que se trató de grupos de prioritaria atención que se encuentran en situación de vulnerabilidad, obligándose ellos mismos a no salir de su vivienda y a sentirse amenazados en su vida y restringidos en su libertad de locomoción por el miedo a ser agredidos.

Chile

• Se precisa que la acción constitucional de protección no persigue la declaración de derechos en favor de los afectados, sino evitar las posibles consecuencias dañosas que puedan producir alguna perturbación o amenaza, en el ejercicio de alguna de las garantías constitucionales del recurrente.
• La Intendente Regional de Tarapacá al sancionar al ciudadano extranjero con la expulsión del territorio nacional, no incurrió en ninguna ilegalidad, arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales por cuanto el acto administrativo impugnado emana de autoridad competente, por hechos que ameritaban la medida de expulsión del territorio nacional.

Colombia

• La orden impartida por el Tribunal Administrativo de Nariño, vulnera flagrantemente las reglas y los principios sobre los cuales se cimienta el artículo 90 de la Constitución, toda vez que el fallo no guarda relación directa entre el daño antijurídico atribuible al Estado y su consecuente reparación, la cual, no puede entenderse a título de indemnización, en virtud de que, “el daño constituye un requisito de la obligación de indemnizar“.
• El amparo de los derechos a la igualdad y protección de la familia, no es exclusivo de las familias conformadas por vínculos jurídicos o de consanguinidad, sino que también cobija a aquellas de crianza o de hecho, las cuales se erigen sobre cimientos de convivencia continua, afecto, apoyo, el auxilio y respeto mutuo, lo que no puede ser desconocida por la Ley ni el Derecho.

Costa Rica

• La libertad de expresión es la que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle contenido a varios principios del Estado constitucional, como lo son por ejemplo el derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación política; la existencia de una opinión pública libre y consolidada también es una condición para el funcionamiento de la democracia representativa.
• El derecho de acceso a la información administrativa es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información.

Ecuador

• La motivación de una sentencia comporta la necesidad de que la decisión del juez sea coherente, esto es, que las premisas y la conclusión a la que llega sean lógicas y sigan un camino que, al ser recorrido por cualquier ciudadano, no dé lugar a confusión en cuanto a la decisión tomada.
• La naturaleza de la acción por incumplimiento busca el cumplimiento íntegro de las normas, respondiendo a la garantía de la seguridad jurídica, puesto que el concepto de aplicación depende de quién declara la obligación de cumplir la norma, mientras que el de cumplimiento corresponde a un nuevo sujeto, que no ha intervenido en las tareas de interpretación y subsunción.

España

• El derecho a la asistencia jurídica de la persona internada requiere siempre la actuación, en su nombre, de un representante procesal y un defensor, lo cual se reconoce con carácter general para todos los procesos sobre capacidad de las personas, por cuanto en este tipo de procedimientos se encuadra entre aquéllos en los que la garantía constitucional de la defensa letrada se convierte en una exigencia estructural del proceso tendente a asegurar su correcto desenvolvimiento.

• La concreta regulación de la prescripción de la pena constituye una opción de política criminal del legislador, quien debe fijar las peculiaridades de su régimen jurídico y decidir sobre la clase de delitos y de penas que quedan sometidos al régimen de prescripción, en qué condiciones, con qué plazos, y cómo deben computarse éstos. Una vez configurado normativamente el alcance de la prescripción, la aplicación de la previsión legal no puede entenderse como lesión o merma del derecho a la acción penal o del derecho a la persecución penal del delito.