Argentina Se establece que la Autoridad de Cuenca debe cumplir con el Programa del Plan Integral de Saneamiento Ambiental a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir los daños con suficiente y razonable grado de predicción. Las decisiones sectoriales en materia tarifaria de los servicios públicos pueden afectar la igualdad en el tratamiento de los usuarios, aplicando un aumento para algún sector de la sociedad y no para otro que se encuentra en igualdad de condiciones. Asimismo, las decisiones de esta naturaleza pueden alterar el esquema contractual y regulatorio del servicio, afectando el interés general comprometido en su prestación. Bolivia No corresponde a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, ejercer las funciones de ejecutor de resoluciones administrativas incumplidas, puesto que, al haber sido el Ministerio de Educación, el ente emisor de las Resoluciones Ministeriales 1039/2015 y 328/2016, corresponde a dicha cartera del Estado, determinar según sus atribuciones y competencias, el cumplimiento de los alcances dispuestos en las referidas Resoluciones. El derecho al agua constituye un derecho fundamental, el cual tiene una doble dimensión constitucional, tanto como un derecho individual fundamental como un derecho colectivo comunitario fundamentalísimo, que está reconocido en el texto constitucional como en instrumentos internacionales; por la naturaleza de este derecho en su ejercicio individual, no se puede arbitrariamente restringir o suprimir mediante vías o medidas de hecho en su uso racional. Chile Esta acción de amparo constitucional, cuyo objeto es restablecer el imperio de un derecho o garantía, que se estime vulnerado, por medio de un acto ilegal o arbitrario, no es la vía adecuada para resolver en los términos pedidos concretamente por la recurrente, puesto que, dentro de otro procedimiento, las partes pueden ejercer las herramientas y recursos que la Ley les concede, sean estos ordinarios o extraordinarios, para hacer valer sus pretensiones. Se precisa que la norma legal impugnada afecta y limita severamente el derecho del particular de acceder a la justicia para reclamar en ese foro de las sanciones administrativas de que ha sido objeto, puesto que para interponer su reclamo requiere como condición necesaria, consignar la totalidad de la multa que se le ha impuesto en sede administrativa y de la que reclama. Colombia Los enfermos de cáncer cuentan con una especial protección constitucional que busca garantizar la continuidad en su tratamiento de salud y la estabilidad laboral reforzada se ha reconocido con el fin de dotar de efectividad a los derechos otorgados a esta población y en general, a cualquier trabajador con una disminución física, sensorial o psíquica. Se establece que el derecho a la educación primaria de los niños y las niñas es fundamental y exigible de manera inmediata en todos sus componentes, por lo que el transporte escolar de niños y niñas, en especial de aquellos que residen en zonas alejadas de la institución educativa o de difícil acceso, corresponde a la protección de este derecho. Costa Rica Los traslados de funciones deben efectuarse de manera que no causen perjuicio grave al funcionario, si el funcionario no estuviera conforme con lo acordado, deberá hacer uso de los recursos que le otorga la ley para impugnar la medida. El amparado presentó la exoneración de pensión alimentaria, sin embargo la presentación del incidente no significa la suspensión automática de la obligación alimentaria, por lo que si se comprueba la legalidad de la exoneración se restituirá las cuotas pagadas. Ecuador El derecho a la tutela judicial efectiva no implica exclusivamente la facultad de los ciudadanos a acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que también comporta la obligación de los operadores de justicia de actuar en el marco de los parámetros constitucionales y legales correspondientes a la naturaleza de la controversia puesta en su conocimiento. La notificación de la actividad procesal desarrollada y sobre todo de la sentencia que resuelve el fondo de la controversia, constituye una garantía de vital importancia en el ejercicio del derecho a la defensa, en tanto no solo permite conocer de la decisión adoptada por el juzgador sino que además, abre la puerta al acceso a los órganos jurisdiccionales superiores a través de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico de acuerdo a los plazos y términos pertinentes. España El Tribunal sólo podrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando se haya impuesto la sanción sin pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos competentes hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o sin observar las preceptivas garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado. La inexistencia de datos en los informes médicos que avalen la sospecha de maltrato (o su debilidad para sustentar la condena) no excluye la necesidad de investigar, pues puede existir otro tipo de datos que desde la perspectiva del deber de profundizar en la investigación genere un panorama sospechoso potencialmente conectado con la existencia de torturas o malos tratos, incluso aunque los mismos fueran claramente insuficientes para sustentar una condena penal por delito de torturas o malos tratos.