Argentina La efectiva vigencia del principio constitucional que otorga una tutela preferencial a quienes trabajan en relación de dependencia, debe asegurar a los trabajadores la posibilidad de obtener su eficaz defensa en las diversas instancias administrativas o judiciales. Las disposiciones de la Ley N 24.013 no son aplicables a las relaciones de empleo del Estado Nacional en general, toda vez que para ello debe dictarse una norma de derecho público que así lo disponga. Bolivia Se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso, puesto que se exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Se inobserva el principio de legalidad al haberse apartado de la norma y al no sustanciar audiencia, previa imposición de la sanción. Chile La libertad de expresión, en sus dimensiones de emitir opinión y de informar constituye una manifestación del derecho a la libertad personal. Se impugna el proyecto de Ley que comprende el registro de los antecedentes de los usuarios que accedan a internet en los llamados cibercafés, cuya información se debe entregar a las autoridades. Colombia Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando, no se transgreda los límites originados por los derechos de las demás personas, el orden público y, si es del caso, por el estado de sujeción existente con el estado. Se vulneran los derechos a la libertad de locomoción y a la igualdad del recurrente al omitir dar un trato más favorable a una persona en situación de discapacidad. Costa Rica El principio de seguridad jurídica implica que ningún ciudadano puede ser sometido a un Estado de absoluta incerteza en el momento en qué va a recibir un determinado servicio público, mucho menos en el caso de la salud y la vida, bienes constitucionales esenciales del ser humano. Se verifica la lesión al derecho de petición de la recurrente, derecho que tiene toda persona tanto física como jurídica, de acudir a cualquier dependencia o entidad pública a peticionar sobre un asunto de su interés. Ecuador La Constitución y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señalan a la vía de lo contencioso administrativo, como la eficaz para resolver temas relacionados a la relación contractual entre las instituciones públicas y personas naturales o jurídicas privadas. El derecho a la seguridad jurídica proviene de la necesidad social de contar con normas preestablecidas para cada situación jurídica. España Se cuestiona la figura de la autorización previsional de edificaciones o actuaciones preexistentes declaradas ilegales y sobre las que recaen órdenes administrativas o judiciales de demolición. Ante una sucesión temporal de normas en el tiempo, la selección de la Ley aplicable, de entre varias posibles, no es sino un precedente indispensable de la aplicación propiamente dicha.