Jurisprudencia – Octubre 2016

Argentina

• Se determina que si bien los agravios formulados por el apelante suscitan el examen de cuestiones de hecho y Derecho Procesal, propias de los jueces de la causa y ajenas al Recurso del artículo 14 de la Ley N° 48, ello no resulta óbice para la admisibilidad de la vía intentada cuando la recurrida hizo mérito de una defensa, como es la de caducidad de la acción.

• Es aplicable la exigencia arraigada en la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los fallos que cuenten con fundamentos consistentes y racionalmente sostenibles, al encontrarse comprometidas las garantías de defensa en juicio y de tutela judicial efectiva de las partes.

Bolivia

• Se deniega la demanda constitucional, puesto que el recurrente pretende un mecanismo de impugnación de lo resuelto por la justicia constitucional en una anterior acción de defensa.

• Mediante la acción de amparo constitucional se solicita el cumplimiento de una anterior resolución que dispuso la reincorporación inmediata del accionante, lo cual resulta ineficaz puesto que corresponde ser una resolución emitida en otra acción de similar naturaleza.

Chile

• La Municipalidad recurrida se encuentra expresamente facultada para dejar sin efecto y para suspender por un plazo determinado los permisos para el ejercicio del comercio, por lo cual la decisión ha sido adoptada de acuerdo a las facultades legales y reglamentarias que le asisten a la Municipalidad.

• Mediante Recurso de Amparo interpuesto contra los Carabineros de Chile por allanar domicilio de amparada sin autorización judicial previa, afectando con violencia la libertad personal y seguridad individual, razón por la cual la Corte se ve en la necesidad de acoger el Recurso presentado para el efecto de decretar las medidas tutelares que el caso amerita.

Colombia

• Se vulnera el Derecho al Debido Proceso cuando en ejecución del amparo de pobreza se designan abogados de oficio que no intervienen oportunamente en la defensa técnica que procure la realización de actos de contradicción, solicitud probatoria, alegación e impugnación en el trámite del proceso ejecutivo con título hipotecario, sin justificación alguna.
• Procede la acción de tutela para el pago de derechos pensionales, al actor que cumple con más de cincuenta semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores al momento en que, efectivamente, perdió de manera permanente y definitiva su capacidad laboral, lo cual le permite acceder a la pensión de invalidez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 100 de 1993.

Costa Rica

• Se determina que el puesto que venía ocupando el recurrente de manera interina fue recalificado a otra clase de puesto distinto, y como el recurrente no estaba registrado como oferente para esa clase de puesto, no pudo nombrársele en la misma, por consiguiente las actuaciones del centro de trabajo no han sido arbitrarias.

• El Estado tiene la obligación objetiva de tutelar la vida humana, y pesa sobre las Administraciones Públicas competentes, el deber de asegurar que la infraestructura vial cuente con condiciones óptimas, de tal forma que el riesgo que necesariamente implica el tránsito vehicular y peatonal, atribuible a la integridad de la misma, se reduzca al mínimo.

Ecuador

• Se observa que no se ha analizado la alegación central de los accionantes en relación a la vulneración del Debido proceso, y en la especie el Derecho a la Defensa; sino más bien de forma tangencial expresa que se debió tramitar el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual desnaturaliza la esencia de la garantía jurisdiccional de la acción de protección.

• Se evidencia que la Sala efectúa un análisis de legalidad del acto administrativo que originó el caso concreto, más no respecto de la sentencia contra la cual se propuso el Recurso de casación, actuando como Tribunal de instancia y por tanto equiparando el Recurso de casación a una tercera instancia, lo cual atenta contra la naturaleza del Recurso.

España

• La autonomía universitaria es la dimensión institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra, ambas sirven para delimitar ese espacio de libertad intelectual sin el cual no es posible la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, técnica y cultura.
• El consentimiento es el elemento que define el sistema de protección de datos de carácter personal, sin embargo en el ámbito laboral el consentimiento del trabajador pasa, por tanto, como regla general a un segundo plano pues el consentimiento se entiende implícito en la relación negocial, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes.